La isla de la fantasia

INTRODUCCIÓN

La bandera de Puerto Rico en la playa de Piñones. © Joseph Rodríguez

Cuando el huracán María desató sus devastadores vientos huracanados de categoría 4 y las lluvias sobre la ya vulnerable isla de Puerto Rico, entendí casi de inmediato que era el desastre inevitable que había temido durante años. El gobierno colonial había estado acumulando cantidades de deuda precipitadamente durante diez años y había incumplido con ella, lo que provocó un congreso bipartidista para imponer una junta de supervisión y administración fiscal. La infraestructura eléctrica de la isla había comenzado a colapsarse, y recuerdo que el mes antes me había quedado atrapado en el tráfico, sin luces de semáforos, conduciendo por las carreteras sinuosas y oscuras hacia el interior montañoso de la isla. Sentía que me invadía un futuro distópico para mí, mi familia y todos los puertorriqueños.

Nací en Nueva York, y me consideraba un niño partidario de la ciudad. Crecí en el este del Bronx, y viví los años de la explosión artística en el bajo Manhattan y el aburguesamiento de East Village. Me reubiqué en el área de edificios de ladrillos rojizos de Brooklyn, y regresé como un hijo pródigo al extremo sur del Bronx en Mott Haven. Pero como la mayoría de los “nuyoricans”, considero a Puerto Rico mi meca, el repositorio de mi ser espiritual y la historia interminable de mi familia extendida, que venía de dos áreas adyacentes a la región montañosa central de la isla. Durante las visitas de mi infancia, me sumergía en esas fincas de laderas, o granjas de subsistencia; veía cómo mi abuelo ordeñaba las vacas y perseguía a sus gallos, y recogía “mangoes” lo suficientemente maduros para comer que habían caído de los árboles. Cuando voy a nadar en el Balneario de Luquillo, nuestra playa local, me siento abrazado por el espíritu yoruba de Yemayá, y pido ser sanado de todas las veces que perdí los trenes del metro que salían de las estaciones, y de los editores que impidieron que mis historias se publicaran.

Para los puertorriqueños que viven en la isla y en los Estados Unidos, la crisis gemela de la deuda y la recuperación del huracán presentan una reevaluación fundamental de cómo se ven a sí mismos. Después de más de cien años desde que los Estados Unidos otorgaron a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense, se cuestiona el valor de esa identidad y se expone la fantasía de su promesa. Ahora se revela que Puerto Rico es lo que siempre fue: un satélite colonial, un vertedero de productos manufacturados en Estados Unidos, y un refugio fiscal o casino de inversión en una tierra tentadora para los turistas: playas de arena blanca, cocteles exóticos y hedonismo polirítmico. Ya había sido amenazada con décadas de contracción económica, la desocupación de sus residentes y la transformación de algo que se consumía, pero no moría, un cascarón vacío de sí mismo, un lugar para beneficio especulativo; una isla que no se asemeja a los sueños nacionalistas de un pueblo orgulloso.¹ Luego del huracán María, todos estos factores se agravarían, y los desafíos que enfrenta la reinvención de Puerto Rico son abrumadores.

El momento paralizante y destructor de esperanza de María, que pudo extenderse a semanas y meses inmediatamente pasada la tormenta, fue la gota final que dejó al descubierto la ilusión de la ciudadanía estadounidense que los isleños recibieron en 1917. Así es como explotó nuestro aspirante globo de fantasía estadounidense: A pesar de que se le negó el derecho a votar en las elecciones presidenciales y carece de representación electoral en el Congreso, muchos puertorriqueños pensaban por mucho tiempo que su ciudadanía, la cual se realizó con mayor detalle al emigrar a los Estados Unidos, incluía igualdad de protección bajo la ley. Los gritos de consternación que se escucharon una y otra vez en las semanas posteriores a María: «Somos ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no es así?», reveló la naturaleza conmovedora de una ilusión.

A pesar de estas fantasías, la respuesta de los Estados Unidos al huracán María demostró, sin lugar a dudas, que los residentes de Puerto Rico nunca han sido realmente ciudadanos de primera clase. El despliegue lento y negligente de FEMA bajo la administración de Trump y la asistencia militar, junto con su descarada disposición de privatizar todos y cada uno de los esfuerzos de socorro, dejaron al descubierto el racismo colonialista con el que Estados Unidos a menudo ha administrado a Puerto Rico, el mayor de sus cinco principales “territorios no incorporados” habitables. Una investigación que hizo Politico, publicada en marzo de 2018, dejó esto increíblemente claro: de la asistencia individual aprobada en los nueve días subsiguientes a los huracanes, 141,8 millones de dólares fueron destinados a Houston, mientras que Puerto Rico recibió solo 6,2 millones.² La cantidad de personal y distribución de alimentos y agua, así como el número de lonas temporales para los techos, fueron al menos dos o tres veces mayores para Texas que para Puerto Rico. Aunque estos números se dieron a conocer meses después de la tormenta, los puertorriqueños pudieron percibir la horrible verdad de que se les estaba restando prioridad, y esto estaba teniendo resultados fatales.

La indiferencia insensible de la administración de Trump, de varios oficiales de FEMA y del ejército se demostró de muchas maneras; desde emplear ciertos términos en conversatorios de que hay «un océano realmente grande» que separa a Puerto Rico de Washington, y que la red eléctrica estaba «muerta antes de que la tormenta azotara», hasta tirar toallas de papel a una multitud de evangélicos cuidadosamente seleccionados en una iglesia en un suburbio acomodado, creyendo que eso constituía compasión. La indiferente condescendencia de Trump fue una prueba clara de que la ciudadanía otorgada a los puertorriqueños en 1917 siempre ha sido de segunda clase.

Los puertorriqueños han sido excluidos de la ciudadanía de primera clase a través de un proceso legal que demuestra el vínculo inseparable entre el colonialismo y el racismo. Este proceso se remonta al año 1901 en el caso de Downes contra Bidwell, decidido por algunos de los jueces que dictaminaron sobre Plessy contra Ferguson, cuando un nuevo giro colonial entró en el vocabulario estadounidense. Según Downes, Puerto Rico no debe considerarse adecuado para convertirse en un estado de la Unión, sino que sería un “territorio no incorporado” que “pertenece, pero no es parte” de los Estados Unidos. Que pertenece, pero no es parte. Separado, pero tampoco igual. Algo parecido.

Aunque la mayoría de los puertorriqueños crecen sin saber mucho sobre esta historia de mal gusto, el debate de 1900 en el Congreso sobre la posibilidad de que Puerto Rico se convirtiera en un estado, estuvo plagado de epítetos de que los puertorriqueños son “mestizos” y una “raza alienígena”, incapaz de gobernarse a sí mismos.³ Entonces, éramos cuerpos que no deberíamos mezclarnos con el cuerpo de la América blanca, aunque ya estábamos manchados con la mezcla, tanto de nuestras uniones consensuales y no consensuales, así como del legado de nuestros ancestros ibéricos que ya habían sido adornados con velos moros de origen incierto del norte de África. Cuerpos sin lavar, cuerpos indignos y, como el cuerpo de Homer Plessy, el pasajero criollo de Luisiana expulsado de la sección de trenes solo para blancos, cuerpos marcados para la exclusión o destrucción, objetos de violencia, tanto en sentido literal como figurativo.

María llegó apenas unas semanas después de lo sucedido en Charlottesville y de los muchos otros espectáculos de conflicto racial implícito y literal que habían marcado el primer año del reinado de Trump. Los medios de comunicación más importantes brincaban de un lado a otro apopléjicamente entre las protestas que Colin Kaepernick inspiró al arrodillarse durante el himno nacional, y la tragedia de decenas de miles de puertorriqueños. Estos estaban aún traumatizados y desesperados ante un paisaje de ramitas donde una vez crecieron árboles de ceiba, techos de zinc destrozados, y una marea creciente de agua nociva y contaminada que fluía a través de lo que una vez fueron pintorescos pueblos caribeños. Las protestas de los atletas afroamericanos arrodillados fueron un rechazo silencioso al colonialismo interno, mientras que el chocante complejo de doctrina militar-P3, que estaba a punto de apoderarse de Puerto Rico, fue el final de un siglo más o menos de colonialismo externo.

Hasta los puertorriqueños bien intencionados, orgullosos de haber servido en el ejército de los Estados Unidos, se quejaron de la lenta acción de Trump después de María, insistiendo en que su sacrificio merecía respeto. Pero parece que se olvidaron que cuando los soldados afroamericanos y mexicanos regresaron a la segregación y deshumanización de Jim Crow, luego de pelear la “Guerra buena” de la “Más grande generación” de Tom Brokaw, su decepción indignante motivó significativamente el Movimiento de los Derechos Civiles. El lenguaje de “pertenece, pero no es parte” y “separado, pero tampoco igual” nunca ha sido formalmente escrito en la narrativa de los Estados Unidos.

Así que, aquí estábamos, siendo vulnerables en nuestros hermosos cuerpos color marrón, en la intersección entre el continente y la isla, la diáspora y la “isleñidad”, y de lo que quizás sea la dialéctica dominante del sistema mundial del finado capitalismo: la deuda y la crisis. Toda la deuda, de casi 72 mil millones de dólares más 49 mil millones de dólares en obligaciones de pensiones no financiadas, es una especie de ficción, pero la crisis es completamente auténtica. El frenesí de privatización con el que PROMESA, la agencia de cobro de deudas del Congreso, se comprometió, ya ha comenzado a acelerarse a medida que la ruleta del gobierno-casino de Trump selecciona las ofertas ganadoras. Aviones repletos de boricuas desesperados llegarán a la Florida Central, Texas y más allá, mientras que multimillonarios como John Paulson devoran los bienes raíces de playa de primera al buscar lo último en paraísos fiscales elegantes.

En el mundo antiguo, como en la Edad Media y en los inicios de la Europa moderna, se celebraban jubileos de deudas, donde todas las obligaciones quedaban canceladas y la ciudadanía colectiva podía comenzar de nuevo. Pero, aparte de algunas propuestas progresistas por parte de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, la mayoría de los demócratas se han enfocado en investigar el manejo inaceptable de María por parte de la administración de Trump, mientras que virtualmente ignoran las maquinaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, por sus siglas en inglés) para Puerto Rico, conocida como “La Junta”, que impone políticas de austeridad. Con los funcionarios de su gobierno local impotentes ante La Junta, Puerto Rico permanece atrapado en la impotencia de su estatus colonial y no puede encontrar un camino hacia la autodeterminación económica.

Aunque es la única solución humanitaria posible, perdonar la deuda, o incluso una gran reducción de la deuda, parece muy poco probable, y el gobierno de los Estados Unidos utilizará el peso acumulado de la deuda para instituir un estado de crisis permanente. El endeudamiento de Puerto Rico se logró a través de una política sistemática entrelazada con el colonialismo. Después del fin de las economías esclavizadoras en el siglo diecinueve, los Estados Unidos y los países europeos han intervenido en las economías del Caribe, abrumando las monedas locales y aprovechándose del control de la producción agrícola, que crea las condiciones para la acumulación de la deuda. En la segunda mitad del siglo veinte, el sector financiero estadounidense ofreció el endeudamiento como una solución a la incapacidad de Puerto Rico para sobrellevar la recesión de la década de los setenta, creando las condiciones para la especulación sobre sus crecientes obligaciones.

La crisis de deuda representa un escenario estandarizado para que una colonia, o “territorio no incorporado”, pueda operar cuando su economía ya no crea trabajos ni retiene beneficios por inversionistas externos. Un motivo importante de esta crisis es la infraestructura que, así como nuestros cuerpos fueron sometidos a la violencia, estaba expuesta y mal atendida. Los cables eléctricos, que corrían a lo largo de postes instalados al azar cruzando la isla y fallando constantemente durante años antes de la tormenta, ahora caían como víctimas masivas de la guerra. Derrumbada como esos globos de figuras que anuncian los lavados de autos, la infraestructura de Puerto Rico se encuentra embargada gravemente.

El estado de la infraestructura eléctrica está directamente relacionado con la forma en que el territorio de la isla quedó atrapado en una red de préstamos en forma de bonos municipales solo para pagar los gastos del gobierno. Como la nómina y los pagos de pensiones por sus cientos de miles de trabajadores, así como costos operativos mínimos, absorbieron la mayoría de los fondos líquidos disponibles, se descuidó el mantenimiento de la infraestructura, incluidas las carreteras, los edificios públicos y otras áreas. El huracán María simplemente hizo visible lo que ya había sido evidente para los puertorriqueños: la isla en conjunto se estaba deteriorando, y el camino despiadado de destrucción creado por el desenlace de la crisis de deuda de Puerto Rico ya no podía cubrirse.

Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Para mí, todo comenzó cuando fui a visitar a mi madre a la casa que ella y mi difunto padre construyeron en la década de los ochenta para su jubilación. Era finales de junio de 2015, y me encontraba mirando la televisión cuando el gobernador Alejandro García Padilla declaró que la deuda de 72 mil millones de dólares de la isla pagadera a una impactante gama de tenedores de bonos, era impagable. Las sirenas de advertencia de la crisis de deuda habían estado sonando durante un año, pero ahora, todos estábamos enfrentando un momento decisivo en nuestra historia, y la de Estados Unidos: la vida que habíamos vivido como pueblo de Puerto Rico, el Gran Experimento Democrático del Caribe, era una fantasía, y ahora todo había terminado.

La inminente crisis de deuda y las consecuencias del huracán había creado una enorme cantidad de dudas para muchos puertorriqueños en la isla, que esperaban vivir una vida sustentable con un trabajo estable, en una profesión viable, o comenzar y hacer crecer un pequeño negocio, y criar hijos. Ya en el 2006 se había iniciado un éxodo de profesionales calificados y trabajadores no calificados desde que la isla había entrado en recesión, y la aparente inevitabilidad de una prolongada contracción económica estaba creando una sensación de ansiedad sostenida sobre el futuro. Los anfitriones de programas de entrevistas, que una vez se habían enfocado en los chismes políticos con intensidad maníaca, comenzaron a caer en una especie de tono monótono, una voz de completa resignación, “ay bendito”, recordando el lamento del jíbaro campesino de la montaña empobrecido repentinamente del compositor Rafael Hernández.⁴

Sin embargo, todas aquellas personas, cuyas esperanzas fueron frustradas por el incumplimiento, nunca habían reconocido completamente que se basaban en la fantasía de que la isla era un “estado libre asociado”, con una posición en la órbita de Estados Unidos que casi la convirtió en uno de los “estados”. En los últimos cuatro años, desde el anuncio del gobernador Alejandro García Padilla en el 2015 hasta la pesadilla de María en septiembre de 2017, vi ante mis ojos más de cien años del fallido experimento colonial de Estados Unidos: el desembarco de las tropas estadounidenses en el puerto de Guánica en 1898, la imposición del idioma inglés en las escuelas y en los tribunales, la masacre de los nacionalistas en Ponce, la falsa esperanza de la Constitución de 1952 y el estatus de estado libre asociado, la Gran Migración de los cincuenta y sesenta, West Side Story, Freddie Prinze, los Young Lords, los poetas “nuyoricans”, Rita Moreno, Fort Apache del sur del Bronx, Roberto Clemente, Raúl Juliá, Rosie Pérez, Ricky Martin, Jennifer López, Marc Anthony y Daddy Yankee. Todo giraba ante nosotros, evadiendo nuestro alcance como el globo de nieve que se le cae de las manos del agotado Ciudadano Kane (protagonista de la película).

Claramente este era el comienzo del fin. Sin embargo, la historia completa, desde su prólogo extenso, nunca se había explicado adecuadamente. Pocos puertorriqueños, mucho menos ciudadanos del continente estadounidense, se habían dado cuenta de la realidad de que Puerto Rico es la colonia más antigua del mundo, que se remonta a su incautación por parte de los españoles en 1493. Y su historia es emblema de cómo el lado oscuro de la conducta colonizadora siempre ha contaminado la historia de los inicios de Estados Unidos: su declaración noble de independencia de una potencia colonial. En varios puntos de su historia, Puerto Rico ha servido como un puesto de avanzada militar, un laboratorio para experimentos de control de natalidad y una política de comercio libre como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, en inglés NAFTA). Ahora se convertiría en un campo de prueba de cuán lejos podría llegar una junta de supervisión fiscal para imponer la austeridad a un gobierno subordinado y extraer todo lo posible del pueblo puertorriqueño y sus instituciones públicas para satisfacer el pago de las deudas generadas por la especulación del Wall Street.

También es crucial comprender cómo el ciclo de la deuda de Puerto Rico es parte de un conjunto de relaciones económicas entre Europa y las Américas establecido desde hace mucho tiempo. El conocimiento común sobre esta parte de la historia mundial se centra en la historia del origen del capitalismo industrial en Europa y en cómo se desarrolló esa dinámica en los Estados Unidos. Sin embargo, la expansión del capital comercial y financiero, junto con la explotación masiva de esclavos, es clave para comprender el subdesarrollo del Caribe y de América Latina. El periodo del final del siglo diecinueve hasta el inicio del siglo veinte no solo representó las etapas finales del Destino Manifiesto; más bien, fue cuando Estados Unidos tomó el control de la actividad económica latinoamericana para su beneficio.

Esta adquisición implicó no solo penetrar y controlar los sectores productivos de las posesiones y economías recién adquiridas, sino también imponer un nuevo régimen de cobro de deudas en el Caribe, incluidas las islas de República Dominicana y Cuba. A inicios del siglo veinte, los bancos de inversión de Wall Street como el City Bank, J.P. Morgan, Speyer, y Kuhn, Loeb & Co. comenzaron a prestar dinero a los países del Caribe y la colonia de Puerto Rico, resumiendo lo que el economista Peter James Hudson llama la confluencia de «el capitalismo financiero con el capitalismo racial».⁵ Casi un siglo antes, en 1825, Francia exigió un pago de 150 millones de francos de Haití para compensar la pérdida de esclavos y tierras después de su revolución del siglo dieciocho. Esto ayudó a establecer un modelo que otras potencias europeas emularon rápidamente: contratar a los países latinoamericanos a través de la deuda. Los Estados Unidos simplemente decidieron asumir el papel de cobrador de deudas como una forma de eliminar la influencia europea.

Desde que quedó bajo el control de los Estados Unidos en 1898, Puerto Rico ha pasado de ser un sitio de dominación por parte de los productores de azúcar con sede en los Estados Unidos a ser un escaparate de mitad de siglo para el éxito del capitalismo industrial estadounidense en el Caribe. La última fase surgió como una reacción a las presiones posguerra de la ONU para la descolonización del mundo, la amenaza de un movimiento nacionalista puertorriqueño militante que pedía la independencia, y el deseo occidental de mitigar el optimismo sobre el experimento socialista de Cuba. No obstante, a medida que el optimismo generado por la industrialización de la isla en los cincuenta se desvaneció con la recesión que hubo en los setenta, el giro hacia la globalización y el libre comercio fue la clave para el fin del Puerto Rico moderno.

Como parte del esfuerzo de industrialización, eufemísticamente llamado “Operación Manos a la Obra”, los Estados Unidos les permitieron a las corporaciones establecerse en la isla libres de impuestos, emplear trabajadores por debajo del salario mínimo, y acaparar el mercado para venderles a los consumidores puertorriqueños. Pero cuando comenzó la era del TLCAN en 1994, las empresas estadounidenses se fueron en manada a México, América Central, y más lejos, donde los salarios y los costos operativos eran una fracción a los de Puerto Rico, que ya no mantenían un beneficio competitivo. Cuando una provisión del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) que otorgaba exenciones fiscales a las corporaciones estadounidenses que operaban en Puerto Rico comenzó a eliminarse progresivamente entre 1996 y 2006, se aceleró el éxodo de corporaciones estadounidenses y la isla comenzó a caer en una profunda recesión. El gobierno local, que ya había tomado préstamos para cubrir servicios esenciales, participó en una sociedad nebulosa con especuladores del mercado de bonos municipales de Wall Street, agravando la acumulación de deuda, la cual eventualmente se convirtió en la actual crisis de deuda por 72 mil millones de dólares.

La crisis era mayormente abstracta, y al principio casi nadie parecía entenderla o importarle mucho. Sus complejidades se expresaron en el lenguaje exótico de las finanzas: intercambio de tasas de interés, instrumentos financieros complejos, exenciones fiscales triples. El discurso político de la isla se vio envuelto en su debate interminable sobre el estado y un intercambio continuo entre sus dos principales partidos políticos, lo que favoreció la continuación del Estado Libre Asociado o la solicitud de estadidad de los Estados Unidos. La cobertura de los medios de comunicación se limitó a los periódicos locales de San Juan y los medios de comunicación de negocios como el Wall Street Journal y Bloomberg Business, enfatizando al principio la difícil situación de los inversionistas familiares y, a medida que la crisis empeoraba, la amenaza al mismo mercado de bonos municipales. La acumulación de deuda tenía una moral ambivalente: la venta de bonos era irresponsable e imprudente, pero desde la perspectiva del gobierno de Puerto Rico, al menos podría justificarse mantener a flote los servicios públicos y salvaguardar los empleos de decenas de miles de puertorriqueños. A medida que el sector privado comenzó a tener problemas, el gobierno se convirtió en uno de los empleadores más confiables de la isla, apuntalando a su clase media débil.

La erosión lenta de la calidad de vida, la infraestructura y los servicios esenciales de la isla era el tema constante después de que se eliminaran gradualmente las exenciones fiscales a los impuestos corporativos federales del 1996 al 2006. Los empleos del sector privado se estaban evaporando a un ritmo récord y el gobierno implementó recortes de empleos por decenas de miles. Cientos de miles de puertorriqueños emigraron al continente, ya que la ciudadanía estadounidense les permitía hacerlo sin restricciones. Cuando el gobernador Padilla García determinó que la deuda era impagable, el Congreso se apresuró a aprobar un proyecto de ley llamado PROMESA, que el presidente Barack Obama promulgó en junio del 2016. Este proyecto imponía una junta de supervisión y administración fiscal no electa con la autoridad para controlar todos los aspectos de la política pública en la isla. PROMESA se instaló aparentemente como un mecanismo federal para restaurar la responsabilidad fiscal, con una misión moral de reducir los gastos e imponer un sentido de sacrificio compartido en el territorio de Estados Unidos. Sin embargo, los puertorriqueños lo vieron como una agencia de cobro de deudas muy cara, cuyo costo sería de 1,5 mil millones de dólares durante su periodo inicial de cinco años e incluso tendría que ser cubierta por las arcas del gobierno de la isla.

Nombrados por el expresidente Barack Obama basado en nominaciones hechas por republicanos y demócratas, la junta original de PROMESA tenía siete miembros, solo dos de ellos eran residentes de Puerto Rico, y todos pertenecían al sector financiero. El uso de las juntas de supervisión fiscal se remonta a la crisis financiera de Nueva York en la década de los setenta, y dichas juntas se utilizaron más recientemente para las crisis presupuestarias públicas en Detroit y Washington, DC. Pero esta junta de supervisión, que incluye a un exejecutivo del Banco Santander y un miembro del Banco Gubernamental de Fomento de la isla, instituciones que fueron ambas piezas clave en la formación de la crisis, es ampliamente percibida como un grupo de personas externas con intereses propios, una imposición obvia de la autoridad colonial. Es más, mientras los puertorriqueños sospechan cada vez más de la corrupción de sus funcionarios electos, muchos no están dispuestos a aceptar la culpa por la acumulación de deuda de la isla.